Revertir el desarrollo tecnológico que nos agobia y debilita obliga a reivindicar el debate público. También a replantearlo
En los círculos preocupados por el impacto de la tecnología empieza a haber prisa. Crece la sensación de que llevamos años hablando de los excesos del desarrollismo tecnológico, pero no avanzamos.
Es hora de actuar, se proclama. Menos debate y más acción. Más activismo práctico y menos debates de salón.
Las prisas vienen por la aceleración de un desarrollo tecnológico que no entiende de prevenciones, el poder que van acumulando las grandes compañías y el desmantelamiento de los cánones democráticos a manos de gobernantes sin escrúpulos.
Actuar, pero ¿para hacer qué?
En Europa, algo sustantivo sería desvincularnos al máximo de las plataformas norteamericanas y chinas. Un dato: más del 80% de las infraestructuras y tecnologías digitales usadas en Europa son importadas.
Por ejemplo, Cory Doctorow, que ha estado en España promocionando su libro Mierdificación, propone derogar el artículo 6 de la directiva europea sobre derechos de autor de 2001 que prohíbe la ingeniería inversa y la modificación de productos digitales.
“Eso significa que, si HP nos vende una impresora con un software que nos obliga a pagar la tinta a 2.250 euros por litro es ilegal cambiar ese programa para poder utilizar tinta genérica que no cuesta más que 0,10 euros por litro. La impresora pertenece al usuario y no hay ninguna ley que diga que la empresa fabricante puede obligarle a utilizar su tinta, pero, como la UE ha dicho que es delito modificar la máquina, estamos atrapados.
Es la denominada “ley antielusión”. La impuso a todo el mundo Estados Unidos, que amenazó a los socios comerciales de su país con fijar aranceles si no promulgaban esta norma”. El País
Informe Eurostack, la hoja de ruta
Ésta sería una medida concreta, pero hay todo un plan.
Hace un año se presentó el informe EuroStack, que plantea un modelo europeo de soberanía tecnológica más acorde con sus valores, más respetuoso con los derechos de las personas, y más estimulante para el desarrollo de empresas europeas.
El objetivo de EuroStack es dotar a Europa de infraestructuras públicas y bienes comunes digitales, alternativos a los ecosistemas cerrados de propiedad privada. Al situar los estándares y las API abiertas y la interoperabilidad en su núcleo, las empresas más pequeñas y las agencias públicas podrían competir en mejores condiciones.
Sugiere articular tres palancas operativas: «Buy European» para que la contratación pública y las ayudas prioricen soluciones europeas; «Sell European» para dar visibilidad y escala a las alternativas europeas mediante normas de interoperabilidad y plataformas comunes; y «Fund European», un gran Fondo Europeo de Tecnología Soberana para estimular la inversión.
Un año después, el informe ha calado y se ha convertido en la hoja de ruta que dicen seguir la Comisión Europea, los eurodiputados y muchos gobiernos. Pero la distancia entre el papel y la práctica sigue siendo grande: los grandes instrumentos financieros no se han puesto en marcha a la escala que exige el informe y los indicadores de dependencia apenas se han movido.
Sabemos lo que queremos hacer pero nos cuesta hacerlo.
A menor escala y a salto de mata, se van poniendo en marcha alternativas que tienen muchas dificultades para llegar a la mayoría de ciudadanos. Lo comentábamos aquí mismo hace un año:
“El instituto danés Dataethics las recopila, invita a utilizarlas, y dado que hasta ahora han estado abocadas a una lucha desigual por la supervivencia, reclama el apoyo de los poderes públicos y de la ciudadanía. En diversos campos pueden ser alternativas reales aunque muchas han desaparecido por falta de financiación o el desinterés de los usuarios. Otras, en cambio, se han consolidado pero han sido absorbidas por capital norteamericano.”
Hay una larga lista de iniciativas bienintencionadas pero carentes de músculo y de coordinación.
Una oportunidad a la vez que un riesgo surge de la necesidad europea de dotarse de autonomía militar. Para bien o para mal, la industria de defensa (de guerra, como le llaman abiertamente en EEUU) ha sido siempre un revulsivo para la industria tecnológica. Internet surgió de esa vinculación.
Ahora, de las prisas que tiene Europa para reducir su dependencia militar y energética pueden surgir oportunidades para construir infraestructuras y servicios tecnológicos propios.
El riesgo está en que esas nuevas urgencias se lleven por delante buena parte de los valores europeos que, hasta ahora, hemos considerado esenciales.
Deliberar no es perder el tiempo
La inquietud que se percibe por la falta de actuación política se acompaña a menudo de un razonamiento engañoso: dejemos de hablar tanto y actuemos de una vez.
Esta actitud parte de la premisa, parcialmente errónea, de que conocemos de sobra los riesgos de la tecnología y que no hace falta darles más vueltas.
Errónea, en primer lugar, porque el debate sobre los efectos dañinos del desarrollo tecnológico extractivo apenas ha llegado a una parte de la población. Somos los mismos hablando siempre de lo mismo, pero la gran mayoría de la población sigue ajena a los riesgos y no se plantea su relación con la tecnología de otra manera que desde la comodidad y los beneficios inmediatos que le reportan. Las disrupciones personales y sociales que conllevan esas tecnologías son casi siempre invisibles. Cuesta mucho combatirlas cuando no las percibimos. También lo son las consecuencias económicas de la dependencia en plataformas e infraestructuras foráneas.
Y, en segundo lugar, porque no se puede deslindar deliberación de actuación. No, en democracia. Únicamente manteniendo y ampliando el debate a toda la población se puede conformar una opinión pública suficientemente sólida que oriente y condicione la acción política.
El recientemente fallecido filósofo alemán Jürgen Habermas dedicó su obra a defender el modelo de democracia deliberativa en el que las decisiones políticas no se legitiman sólo por el voto o la regla de la mayoría, sino por el proceso previo de discusión pública que las genera.
En democracia, insistía, la opinión pública tiene un papel fundamental. Se forma en redes de comunicación donde los problemas sociales se discuten y se transforman en un poder comunicativo que influye y orienta al poder político.
Hoy, comprobamos que buena parte de la deliberación pública está secuestrada por memes e intoxicaciones emocionales que se expanden gracias a los algoritmos adictivos de las redes sociales. ¿Nos resignamos?
Desdeñar la necesidad de una deliberación seria y amplia es un riesgo tan grande como la parálisis política y la falta de actuación. Como advirtió Habermas, no se puede entender actuación sin deliberación.
No hablamos de teoría
Un ejemplo cercano de ese entrelazamiento es el éxito conseguido por los colectivos de padres que se movilizaron hace más de un año en favor de la prohibición del uso de móviles en las escuelas. Fue un debate largo, que se fue extendiendo poco a poco, al que se fueron sumando familias y docentes que se habían resignado al uso descontrolado de esos artefactos.
Más tarde, la deliberación se ha ido ampliando a la necesidad de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. En España hay una iniciativa legislativa en marcha, en Francia están en un proceso parecido. En Australia se adelantaron y el acceso de menores a redes está prohibido desde finales de 2025.
La deliberación no es incompatible con la actuación. Al contrario, es y debe ser la base de la acción política.
Otra cosa es que debamos replantearnos si estamos deliberando bien. Si no estamos pecando de academicismo, endogamia y autolamentación en lugar de orientar el debate público a estimular la actuación y a dinamizar las alternativas que nos convienen.
Revertir el presente tecnológico que nos agobia y nos debilita obliga a reivindicar la deliberación pública con convicción, orientarla a objetivos concretos que incumban a la mayoría de la población, coordinarla con el activismo social y comprometer a los poderes públicos.
Joan Rosés
