El presidente norteamericano exige que las redes sociales aclaren si son meros intermediarios o medios de comunicación. El envite es más sutil de lo que parece.
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“Nuestras afirmaciones sobre la realidad no suelen ser ciertas sólo porque las consideremos ciertas.” Markus Gabriel
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Trump, resentido con Twitter, ha emprendido lo que parece una batalla en toda regla contra el status legal de las plataformas de Internet. El relato de los hechos es sucinto, pero su interpretación dista de ser unánime. Para algunos, al amenazar con hacer legalmente responsables a las plataformas de Internet de los contenidos que publiquen, Trump, como usuario habitual de Twitter, estaría haciendo el equivalente de dispararse un tiro en el pie. Para otros, en cambio, lo que su amenaza pretende es exactamente lo opuesto. Las plataformas no están ahora mismo legalmente consideradas como editoras de contenidos, sino sólo como intermediarias, a pesar de lo cual ejercen una cierta supervisión sobre lo que publican, cada una con sus propios criterios. Trump les amenaza ahora con una disyuntiva de o todo o nada: o cesan toda supervisión, excepto la mínima exigible por la ley, o pasarían a ser responsables de todo lo que publiquen.
El debate está servido, pero admite más sutilezas de las que muchos comentaristas parecen haber advertido. Trump, con el respaldo de sus partidarios y en nombre de la libertad de expresión, está echando un pulso a las grandes plataformas. Puede que juegue de farol, pero hay muchas fichas sobre la mesa.
Vayamos a los hechos.
Escena primera
El 26 de Mayo, Trump acusaba en Twitter al Gobernador de California de promover fraudes en el voto por correo, enviando papeletas a personas que nunca habían votado ni pensado en votar a las que después les indicaría “cómo y a quién votar”. En una actuación sin precedentes, dado que no era la primera práctica tweetera cuestionable del Presidente, Twitter marcó estos dos tweets con una invitación a “comprobar los datos”, enlazada a una página en la que advertía que, según la CNN y el Washington Post y otras fuentes consultadas, las afirmaciones de Trump no tenían fundamento.
La respuesta de Trump, acusando a la empresa de interferencia en las elecciones y de coartar la libertad de expresión en un nuevo tweet, no se hizo esperar.
Jack Dorsey, el CEO de Twitter, defendió en primera persona la actuación de su empresa, que justificaba por el riesgo de que los tweets de Trump pudieran confundir al electorado.
Escena segunda
Pocos días después, el asesinato de George Floyd por un policía de Minneapolis conmocionaba al mundo y propiciaba manifestaciones pacíficas y no pacíficas en ciudades de todos los Estados, en algunos casos acompañadas de incidentes de vandalismo y saqueos. El 29 de Mayo, antes incluso de lamentar la muerte de Floyd y anunciar una investigación para poner el caso en manos de la justicia, Trump se descolgó con un nuevo tweet polémico.
A la vez que ofrecía la ayuda del ejército para controlar la situación, añadía que “cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos”. La reacción de Twitter fue esta vez más contundente, sobreponiendo al tweet una indicación de que violaba “las reglas de Twitter acerca de ensalzar la violencia”. Así y todo, no llegó hasta el punto de eliminarlo, al determinar “que podría ser de interés público mantenerlo accesible”. Por su parte, en una aparición televisiva posterior, Trump matizaba impasible que no estaba mostrando su disposición a ordenar que las fuerzas del orden dispararan contra los saqueadores; se limitaba tan sólo a constatar que en situaciones de saqueo, “hay gente que recibe disparos, y muere […] Esto es lo que quería decir, y así es como debe interpretarse”. No se estaba excusando; todo lo contrario. Añadía munición a la estrategia que el día anterior había declarado desde el Despacho Oval.
Trump apuesta fuerte
El 28 de mayo, con el ceremonial al uso y flanqueado por el Fiscal General, Donald Trump ordenaba revisar la legislación que diferencia las responsabilidades ante terceros de las plataformas de Internet frente a las de los medios convencionales por razón de los contenidos que publiquen. Su objetivo concreto es la sección 230(c) de la ley de Decencia de las Comunicaciones de 1998, para algunos una pieza clave de la legislación sobre Internet. El argumento de Trump es que, si bien en su momento tenía sentido para proteger a las entonces incipientes plataformas de Internet, esta disposición estaría ahora dando cobertura a un número reducido de empresas con muchos recursos y una gran influencia que estarían usando con intereses partidistas.
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La formalidad de la cuestión
La sección 230 contiene dos disposiciones clave. De entrada, establece la distinción entre proveedores de información, como los medios de comunicación tradicionales, que son responsables de los contenidos que publican, y aquellos que, como las redes sociales, difunden contenidos de terceros, a los que considera sólo como intermediarios. Sin embargo, permite que los intermediarios eliminen o restrinjan la publicación en sus plataformas de contenidos obscenos, sucios, excesivamente violentos, amenazadores u objetables por algún otro motivo, incluso cuando estén protegidos constitucionalmente, siempre que actúen de buena fe. Ese es precisamente el punto al que apunta el ataque de Trump.
El argumento del Presidente para revisar esta legislación empieza considerando que en un país donde la libertad de expresión está protegida por la Primera Enmienda no resulta tolerable que un pequeño número de plataformas online seleccione los contenidos a los que el público puede acceder, ni que censuren las opiniones con las que están en desacuerdo, como Twitter ha hecho con las suyas. Cuando así lo hacen, sostiene Trump, no están actuando de buena fe, sino como editores de contenidos. Como considera que estas plataformas tienen un poder que considera excesivo y peligroso, su orden ejecutiva, siempre en aras de la transparencia y la libertad de expresión, insta a clarificar los límites a las actuaciones de buena fe mediante las que las plataformas puedan modular o restringir el acceso a determinados contenidos sin ser por ello consideradas como proveedoras de contenidos.
¿Qué está en juego?
Como varios medios y analistas han señalado, la argumentación de esta orden ejecutiva no se sostiene en su conjunto. Está fuera de contexto, porque la intención expresa de la Primera Enmienda es proteger la libertad de expresión de los ciudadanos frente a restricciones impropias por parte del Gobierno. Es además incoherente que Trump se presente como defensor de la libertad de expresión cuando descalifica una y otra vez como ‘fake’ y corruptos a medios a los que considera como adversarios políticos de primer orden. Más aún cuando los tribunales han dictado que violó la Primera Enmienda al bloquear a algunos de sus seguidores en Twitter, y cuando el Presidente no ha tenido empacho en manifestar que cerraría Twitter si la ley lo permitiera.
Pero resulta demasiado fácil, sobre todo a quienes Trump nos provoca una repulsión visceral, descalificar su orden ejecutiva como si fuera sólo una consecuencia del enésimo calentón de un Presidente que se cree por encima de la ley, herido en su enorme ego por dos arañazos de Twitter. Trump juega de farol, porque como él mismo admite, aunque “no hay nada que me gustaría más que eliminar mi cuenta de Twitter”, no lo hace porque las redes sociales le permiten llegar a un público más amplio que los medios convencionales que están a su favor, sorteando a la vez los comentarios de los que están en contra. Sabe además, porque cuenta con el apoyo incondicional de un Fiscal General experto en procesos legislativos, que su iniciativa podría no prosperar en un Congreso en el que no tiene mayoría.
Plataformas divididas
Trump es deleznable, pero no estúpido. Tiene intuición para actuar en modos que se ajustan a las características que la literatura atribuye al diablo: un culto desmedido a la propia imagen y una total incapacidad para soportar críticas; utilizar razonamientos formalmente correctos, pero basados en premisas falsas; una actitud destructiva persistente que busca dividir a sus adversarios y encontrar siempre un cabeza de turco.
Ya lo ha conseguido. Twitter califica la orden de Trump como un ataque reaccionario y unilateral a una legislación que protege la innovación y la libertad de expresión, amenazando al futuro de la libertad en Internet y la expresión online. Pero el CEO de Facebook disiente. Poniendo siempre por delante la defensa de la libertad de expresión, Zuckerberg afirma que, si bien “está fuertemente en desacuerdo” con algunas de las expresiones del Presidente, cree que deben publicarse porque cada cual debe poder juzgar por sí mismo y porque, “en última instancia, la rendición de cuentas para aquellos en posiciones de poder sólo puede tener lugar cuando su discurso se analiza en abierto”. La tecnologías no son neutras, porque es inevitable que se impregnen de las ideologías de quienes las generan, las promueven y las utilizan.
Ya hemos argumentado en otra ocasión que cuando Facebook defiende la libertad de expresión, lo que en realidad hace es defender su cuenta de resultados. Algo parecido sucede cuando Twitter defiende sus valores, no del todo coincidentes con los de Facebook, si bien ambas plataformas se benefician de una polarización de la sociedad que ellas mismas indirectamente favorecen.
La democracia no consiste en dar poder a quien chilla más y más fuerte
Desde un profundo desacuerdo con la motivación de Trump y las formas de su orden ejecutiva, me gustaría que Twitter se atreviera a aceptar el farol de Trump. A ponerse al frente de un movimiento que propiciara una consideración reflexiva, ordenada y no partidista de la sección 230 a la luz de contexto actual, que tanto difiere del imperante en el momento en que fue promulgada. Una revisión que incluyera matices como la distinción entre restringir la libertad de publicar (“freedom of speech”) y la libertad de difundir (“freedom of reach”).
La democracia no consiste en dar poder a quien chilla más y más fuerte. Ni en la calle ni tampoco en las redes. Como argumenta Daniel Innerarity en su reciente libro, necesitamos revisar la teoría y práctica de la democracia para sociedades complejas. Lo peligroso del farol de Trump es que apunta exactamente a lo contrario. No basta con descalificarlo. Hay que aceptar el envite.
